Consecuencias de no incluir una cláusula de jurisdicción y ley aplicable en un contrato

Actualizado25 de agosto de 2023

PorImperio Rojas

No incluir una cláusula de jurisdicción y legislación aplicable en un contrato

Si no se incluye una cláusula de jurisdicción y ley aplicable en un contrato, se pueden generar incertidumbre en según que situaciones.

En ausencia de la cláusula de jurisdicción, el criterio de competencia general se basa en el domicilio del demandado. Esto implica que en caso de una disputa, la demanda judicial deberá presentarse en el domicilio del demandado. Esta situación podría ser especialmente complicada para la parte que cumple con el contrato, ya que tendría que presentar una demanda contra la parte incumplidora en su propio domicilio, incluso si este se encuentra muy distante.

Respecto a la ley aplicable, si no se especifica en el contrato, se recurrirá a la ley del país que tenga la conexión más sólida con el contrato o que muestre los vínculos más fuertes. Esto podría llevar a litigar bajo una ley desconocida, lo que podría perjudicar nuestra defensa. La regulación del conflicto de reyes en España se encuentra, principalmente, en el Título Preliminar del Código Civil (concretamente los artículos 9 al 12).

Por ende, es de vital importancia incorporar cláusulas de jurisdicción y ley aplicable en los contratos para prevenir incertidumbres y dificultades en caso de que surja la necesidad de entablar un litigio judicial.

A modo de ejemplo, Miguel es dueño de TechSoluciones, una empresa de software en España. Desarrollaron una app que GlobalCorp en Estados Unidos utiliza. A pesar de haber firmado un contrato de licencia, olvidaron incluir cláusulas sobre dónde resolver disputas y qué leyes aplicar en caso de problemas.

GlobalCorp tiene problemas con la app y busca culpar a Miguel, considerando presentar una demanda en Estados Unidos. Miguel sostiene que cualquier acción legal debe realizarse en España, donde se registró la empresa.

La ausencia de cláusulas de jurisdicción y normativas en el contrato genera incertidumbre. Ambas partes discrepan sobre si la disputa debe tratarse en Estados Unidos o España. Esta falta de claridad podría resultar en un proceso legal prolongado y costoso para determinar la ubicación y las leyes pertinentes.